La sociedad civil ha sido un actor clave en el proceso de negociación y adopción del Acuerdo de Escazú, bajo la premisa que la gestión de los recursos naturales debe realizarse con todos los actores y sectores involucrados. No pueden existir decisiones sobre asuntos ambientales y de interés público que no sean participativas e informadas.

El 2020 ha sido, sin duda, un año de cambios y conflictos que plantean un escenario crítico e incierto, ya que a nivel global han convergido múltiples crisis derivadas principalmente de los modelos de desarrollo imperantes, los cuales han incrementado la fragilidad social y las brechas de inequidad. Si bien, ya han pasado varios meses desde que la pandemia de COVID-19 surgió como problemática, los gobiernos no han logrado dar respuesta a las profundas necesidades sociales de la población, y, en algunas regiones como Latinoamérica y el Caribe, la crisis se ha visto exacerbada por el debilitamiento de los sistemas democráticos y la constante vulneración de los derechos humanos y de la naturaleza.

Estudiantes, docentes, colectivos y organizaciones, en el marco de las elecciones presidenciales Ecuador 2021 a llevarse a cabo este 7 de febrero, generan la campaña Futuro del Agua en Ecuador: perspectivas presidenciales, con la finalidad de conocer y debatir sobre las propuestas de los candidatos en torno a la gestión y protección de los recursos hídricos del Ecuador.

El derecho fundamental a un medio ambiente sano sólo será posible en la medida en que se garanticen derechos procedimentales como son el acceso a la información, la participación y la justicia, pilares del gobierno abierto, la democracia ambiental y el desarrollo sostenible. Hoy, con el paso dado por México, América Latina y el Caribe se encuentra un paso más cerca de materializar la garantía de estos derechos con la pronta entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú a dos años de su adopción.

La Mesa Técnica de Género y Cambio Climático, – un espacio interinstitucional auto convocado para promover la igualdad de género en la gestión del cambio climático, mediante el impulso de políticas públicas inclusivas y transformadoras. Ante la evidencia de cómo la pandemia por el COVID 19 ha exacerbado las desigualdades en poblaciones vulnerables y de atención priori- taria de zonas rurales y urbanas que ya enfrentaban los efectos del cambio climático.

El documento es el resultado de un año de reflexión desarrollado en conjunto por más de 30 organizaciones y busca ser una guía para que los gobiernos orienten sus medidas de reactivación hacia un futuro sostenible, justo e inclusivo.

En el contexto internacional por el día internacional de la mujer – 8 de marzo y en conmemoración de su lucha, participación, compromiso y aporte a la sociedad, la Fundación Futuro Latinoamericano lanza la campaña #MujeresLíderes “Experiencias de Proyecto”, en la que se busca destacar el rol de las mujeres en el trabajo que desarrolla FFLA.